COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN EVALÚA PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS SOLICITADO POR EL EJECUTIVO
La Comisión de Constitución inició el debate del dictamen sobre la delegación de 66 facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, mientras el presidente del Congreso, Miguel Torres, invocó evitar demoras innecesarias en la decisión.
En el marco de la semana de representación parlamentaria, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició la evaluación del pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori en Lima. El procedimiento cobró urgencia tras cumplirse, el martes 22 de septiembre de 2026, el plazo reglamentario de 15 días hábiles fijado para la emisión del dictamen correspondiente. El caso resulta de alta trascendencia institucional al definir el alcance de las atribuciones normativas que asumirá el Poder Ejecutivo en materias de seguridad, economía y gestión pública, en medio de llamados de la Mesa Directiva para evitar dilaciones en la decisión.
El trámite legislativo se inició formalmente el 31 de agosto de 2026, cuando el Poder Ejecutivo remitió el proyecto original a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Mesa Directiva devolvió la solicitud por observaciones de forma, al no haberse adjuntado el acta del Consejo de Ministros que aprobó la condición de "muy urgente". Tras la subsanación efectuada el 1 de septiembre, el cómputo de los 15 días hábiles establecidos por el reglamento empezó a regir desde el 2 de septiembre, fijando como fecha límite el 22 de septiembre.
Durante la fase de análisis descentralizado, las distintas comisiones ordinarias remitieron sus informes de opinión técnica a la Comisión de Constitución, presidida por la congresista Giannina Avendaño. Los grupos de trabajo de Desarrollo Agrario, Defensa Nacional y Medio Ambiente emitieron opiniones favorables a la delegación, en tanto que la Comisión de Modernización recomendó otorgarla de manera parcial. Por el contrario, un bloque de ocho comisiones —entre ellas Economía, Justicia, Energía y Minas, e Infraestructura— rechazó la solicitud o recomendó desestimarla.
Frente al término del plazo legal, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, instó al grupo de trabajo a no prolongar innecesariamente el debate y responder a la expectativa ciudadana. Atendiendo a ello, la titular de la comisión dispuso sesionar extraordinariamente durante la semana de representación para votar el informe final.
El paquete normativo remitido por el Ejecutivo comprende un total de 66 facultades legislativas orientadas a combatir la criminalidad, encarar los impactos del fenómeno El Niño y dinamizar la economía. Ante el rechazo de varios informes sectoriales, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, manifestó su expectativa de alcanzar un acuerdo con la Cámara de Diputados, precisando que si la solicitud fuera denegada, el Gobierno canalizará sus propuestas mediante proyectos de ley ordinarios. En paralelo, la bancada de Juntos por el Perú impulsó una "Asamblea Ciudadana" para debatir la delegación y anunció la presentación de una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.
En la actualidad, el trámite parlamentario se encuentra en una etapa decisiva en la Comisión de Constitución. Una vez sometido a votación el dictamen en el grupo de trabajo, la propuesta pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y resolución definitiva, determinándose si se conceden las facultades solicitadas o si el Poder Ejecutivo deberá replantear su paquete de reformas.
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