DENUNCIAN GRAVE CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HUANCAYO TRAS SER ATADO Y GOLPEADO UN ALUMNO DURANTE UN SUPUESTO RETO VIRAL
La abuela de un menor de la Institución Educativa Mariscal Castilla presentó una denuncia policial contra dos compañeros de aula por atar, amordazar y agredir físicamente a su nieto en una vivienda del jirón Jorge Chávez. La UGEL de la provincia anunció una intervención inmediata en el plantel ante la difusión del video del ataque en un grupo de WhatsApp del aula.
Un escolar de la Institución Educativa Mariscal Castilla de Huancayo fue atado de pies y manos, amordazado y agredido físicamente por dos compañeros de clase bajo el pretexto de cumplir un supuesto "reto viral". El cobarde ataque ocurrió la mañana del pasado 20 de agosto de 2026 al interior de una vivienda ubicada en el jirón Jorge Chávez, en el distrito de El Tambo. Este suceso es de suma importancia porque ha generado profunda alarma entre los padres de familia de la región Junín, desnudando la peligrosa influencia de dinámicas virtuales en el entorno escolar y obligando a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a intervenir de urgencia ante la recurrencia de hechos de violencia entre menores de edad.
Los hechos se iniciaron cronológicamente a las 11:30 a. m. del jueves 20 de agosto, cuando la víctima acudió de forma voluntaria al mencionado inmueble para realizar un trabajo escolar grupal con sus compañeros de aula. Antes de iniciar las actividades académicas, los otros dos estudiantes le condicionaron a que primero debía cumplir un "reto". Al preguntar la víctima de qué se trataba, los presuntos agresores procedieron a reducirlo por la fuerza. Los atacantes utilizaron cinta de embalaje para atar al estudiante de pies y manos, le cubrieron la boca y los ojos, lo derribaron al suelo y lo golpearon de manera continua con una pelota de fútbol durante un lapso de 15 minutos, mientras grababan la escena con un teléfono celular. Durante la agresión, los involucrados realizaron una videollamada con un tercer menor, quien les pidió que detuvieran el castigo.
Tras lograr liberarse, la víctima abandonó la vivienda, pero la violencia continuó en la vía pública, donde recibió nuevos insultos y balonazos. Debido a que este lamentable incidente involucra exclusivamente a menores de edad en el ámbito escolar, no se produjo una persecución policial ni se incautaron armas de fuego, granadas o notas extorsivas en la vivienda. El caso se formalizó el 24 de agosto de 2026 cuando la abuela del menor, identificada como Hilda M. R. (61), interpuso la denuncia ante la comisaría de El Tambo tras descubrir que el video de la agresión ya había sido difundido en el grupo de WhatsApp del primer grado "B" de la institución. Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación fiscal y administrativa para esclarecer el grado de responsabilidad de cada menor de acuerdo con las leyes de protección de la infancia.
La gravedad de este acontecimiento ha puesto en evidencia una preocupante ola de violencia escolar en el sur y centro del país. De hecho, la UGEL Huancayo, liderada por Walter Oré, reveló que la I.E. Mariscal Castilla se encuentra dentro de una relación de siete colegios identificados como puntos críticos por constantes enfrentamientos entre alumnos. Esta lista de alerta incluye a planteles emblemáticos como el Santa Isabel, Politécnico Regional del Centro, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, María Inmaculada y Nuestra Señora de Cocharcas. La persistencia de estos problemas provocó incluso que, en fechas similares, otra menor del colegio José Carlos Mariátegui fuera interceptada, golpeada y humillada en plena vía pública por otras escolares que la obligaron a arrodillarse.
En la actualidad, las autoridades de la UGEL Huancayo y agentes especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan con las diligencias para determinar la existencia de antecedentes de hostigamiento o acoso escolar contra la víctima dentro del plantel. El estado del proceso legal se mantiene bajo reserva para proteger la identidad de los menores de edad involucrados. En tanto, las autoridades educativas evalúan las estrategias y sanciones correspondientes que se aplicarán en el centro de estudios, mientras que la comunidad estudiantil y los padres de familia exigen la implementación urgente de planes de seguridad y apoyo psicológico directo para frenar las conductas violentas.
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