DIPUTADA CATHERIN PALOMINO EN EL OJO DE LA TORMENTA TRAS DIFUSIÓN DE CHATS DONDE INSULTA A FAMILIARES DE PEDRO CASTILLO Y EXIGE S/300 MIL
La parlamentaria por Huancavelica afronta una grave denuncia pública luego de que un reportaje periodístico revelara mensajes de WhatsApp en los que agrede verbalmente a parientes del expresidente, afirma ser su pareja sentimental y entabla una querella financiera contra el sobrino de este, Jaime Vásquez Castillo, presuntamente para acallar críticas políticas.
Un grave escándalo de índole ético y político estalló el pasado domingo 9 de agosto de 2026 tras la difusión en el programa dominical Cuarto Poder de una serie de comprometedores chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino. En las conversaciones, enviadas entre mayo y junio de 2026 desde un número telefónico con el prefijo 970, la parlamentaria insulta con calificativos denigrantes a familiares directos del expresidente Pedro Castillo, asegura mantener una relación de pareja con él y exige una indemnización de 300 mil soles a uno de sus sobrinos. El caso reviste de suma importancia porque devela las profundas disputas de poder y control dentro del entorno cercano al exmandatario recluido en el penal de Barbadillo, además de cuestionar la conducta de la legisladora electa por la región Huancavelica.
Los hechos salieron a la luz cuando el equipo periodístico revisó directamente en el teléfono de los denunciantes una secuencia de chats sumamente agresivos. De manera cronológica, los mensajes se enviaron entre los meses de mayo y junio de 2026, época en la que Palomino ya figuraba como virtual diputada. En los textos, la legisladora arremete contra una familiar de Castillo llamándola "vulgar", "fea", "cochina" e "ignorante". Asimismo, la conmina a no entrometerse en su vida sentimental bajo la advertencia de que "Pedro Castillo es mi pareja, él conoce perfectamente quién soy", y amenaza con procesar judicialmente a cualquiera que intente alejar al exmandatario de su lado.
La escalada de hostilidades derivó en el envío de cartas notariales y una querella formal dirigida a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo. La parlamentaria le exige el pago de 300 mil soles por concepto de lucro cesante y daños, una medida que el afectado denunció públicamente como un intento de intimidación para silenciar las críticas que él formuló contra el manejo político de Palomino durante la campaña electoral.
Al ser consultada por el medio periodístico, la diputada rechazó brindar una entrevista argumentando que cumplía su semana de representación en Huancavelica. No obstante, sus descargos por escrito incurrieron en notorias contradicciones: primero alegó que su celular había sido hackeado y su chip de Claro estaba inoperativo, para luego cambiar su versión asegurando que le robaron el equipo. No obstante, una verificación en los registros de la Policía Nacional y del Ministerio Público confirmó que no existe ninguna denuncia interpuesta por la legisladora por robo o hackeo de su teléfono.
Para comprender la dimensión de este conflicto, es necesario señalar que Catherin Palomino fue elegida como diputada por Huancavelica bajo las banderas de Juntos por el Perú, gracias a una alianza con Todo con el Pueblo, la agrupación política fundada por la propia familia de Pedro Castillo. La influencia de la parlamentaria en el entorno del exmandatario se consolidó de manera vertiginosa entre octubre de 2024 y febrero de 2026, lapso en el que registró un récord de 61 visitas al penal de Barbadillo. Según voceros cercanos al entorno de Castillo, estos constantes ingresos —que en ocasiones se realizaron omitiendo la presentación de su documento de identidad o acompañada de menores de edad— generaron una enorme resistencia y choques abiertos con los familiares directos y coordinadores históricos del movimiento.
Tras la emisión del reportaje, la diputada Catherin Palomino publicó un pronunciamiento en su cuenta de X negando categóricamente la autoría de los chats y anunciando acciones legales frente a lo que tildó de difamaciones e infundios. Por su parte, el propio expresidente Pedro Castillo se pronunció públicamente sobre el caso, asegurando que la difusión de estas supuestas conversaciones solo pretende "manchar su honor", mientras el caso continúa bajo un intenso debate político e institucional en el Congreso de la República.
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