DIPUTADA GRACIELA CHIPANA AFRONTA JUICIO ORAL POR DISCRIMINACIÓN A NIÑO CON AUTISMO
El Poder Judicial rechazó un recurso de la diputada Graciela Chipana para archivar la acusación en su contra por presunta discriminación agravada a un niño de tres años con autismo en Moquegua, disponiendo la continuidad del juicio oral.
La diputada por Moquegua de la bancada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana Condori, afronta un juicio oral imputada por el presunto delito de discriminación agravada e incitación a la discriminación en agravio de un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA). Los hechos denunciados se remontan a abril de 2025, cuando la legisladora ejercía como docente de educación inicial en la Institución Educativa Inicial Pública N.° 265 "San Antonio de Padua" en la región Moquegua. El caso reviste una grave trascendencia institucional y social al abordar la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al trato digno y al acceso a la educación pública de un menor con discapacidad, además de poder derivar en una condena penal y en la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de la parlamentaria.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los acontecimientos ocurrieron entre el 15 y 16 de abril de 2025, durante el inicio del año escolar. La entonces profesora habría impedido el ingreso del menor al aula de inicial de tres años y se habría referido a él de forma despectiva calificándolo como "este tipo de niño". Asimismo, la fiscalía sostiene que la acusada condicionó la permanencia del estudiante a que sus padres contrataran a una acompañante exclusiva o "maestra sombra", pese a que la familia no contaba con los recursos económicos para asumir dicho costo.
Durante la investigación preliminar, el Ministerio Público incorporó grabaciones de audio en las que se escucharía a la docente señalar que atender al menor le resultaba "desgastante" debido a sus dificultades de comunicación, así como testimonios de una trabajadora del plantel y del padre del niño. En la etapa de control de acusación, la defensa legal de Graciela Chipana presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción para archivar la causa, argumentando la ausencia de tipo penal y alegando que la pericia psicológica del menor no evidenciaba afectación. No obstante, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua declaró infundado el pedido de archivo al precisar que el delito se encontraba tipificado y que los elementos probatorios debían ser evaluados en el juzgamiento. Ante esta decisión, el Poder Judicial dispuso la apertura del juicio oral a cargo del Juzgado Unipersonal de Moquegua.
El Ministerio Público ha solicitado para Graciela Chipana una sanción de dos años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas y el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil. En contraposición, la defensa legal ejercida por el abogado José Domingo Pérez sostiene que no existieron actos discriminatorios y afirma que las expresiones de la docente respondían a una preocupación legítima por las necesidades de apoyo del estudiante. Este proceso judicial pone en relieve la aplicación de las normativas de protección de derechos de menores con necesidades educativas especiales frente al acceso sin condicionamientos a la infraestructura educativa del Estado.
En la actualidad, el proceso judicial se encuentra en la etapa de actuación probatoria ante el Juzgado Unipersonal de Moquegua. El estado de la causa continuará desarrollándose en las siguientes audiencias del juicio oral, proyectándose que el fallo definitivo sobre la situación legal e inhabilitación de la diputada se defina en un plazo estimado de tres meses.
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