DIPUTADO ALDO BRAVO RETIRA DE MANERA DEFINITIVA EL POLÉMICO PROYECTO DE LEY QUE PENALIZABA LA APOLOGÍA DEL DELITO EN CRISIS POLÍTICAS
El legislador de Renovación Popular dio marcha atrás con la iniciativa N.° 00043/2026-2031-CD tras un pedido de Rafael López Aliaga; la propuesta, que planteaba hasta cinco años de cárcel, fue duramente criticada por gremios periodísticos que advirtieron graves riesgos para las libertades de expresión y prensa.
El diputado de la bancada de Renovación Popular, Aldo Bravo, anunció de manera oficial este domingo 23 de agosto de 2026 el retiro de su controvertido proyecto de ley que pretendía sancionar penalmente la apología al delito durante contextos de crisis políticas y conflictos sociales. La decisión del parlamentario se dio a conocer a través de una columna de opinión y responde a una recomendación directa del líder de su partido, Rafael López Aliaga. Este retroceso político reviste una enorme importancia institucional, dado que frena una iniciativa legal ampliamente cuestionada que, según diversos gremios periodísticos y de la sociedad civil, amenazaba con criminalizar la labor informativa y restringir de manera arbitraria las libertades de expresión y prensa en el país.
Los hechos que desencadenaron el archivamiento de la propuesta se desarrollaron de forma acelerada tras la presentación del Proyecto de Ley N.° 00043/2026-2031-CD. La iniciativa legislativa buscaba incorporar penas de cuatro a cinco años de prisión para aquellas personas con capacidad de convocatoria pública que "promovieran, solicitaran, alentaran, justificaran o legitimaran" el uso de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios que afectaran la vida, la integridad o el patrimonio en momentos de tensión social. Sin embargo, la propuesta encendió de inmediato las alarmas de las organizaciones de prensa. Gremios como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazaron de manera unánime el texto legal, argumentando que sus términos ambiguos y sumamente amplios darían un margen excesivo a policías, fiscales y jueces para interpretar coberturas periodísticas ordinarias de manifestaciones como apología al delito.
Ante la creciente ola de críticas y el cuestionamiento público, la intervención política decisiva provino del presidente de su propia agrupación, Rafael López Aliaga. El líder de Renovación Popular advirtió a Bravo que el país enfrenta problemas de mucha mayor urgencia y gravedad. Tras este llamado de atención, Aldo Bravo oficializó el archivo de su propuesta mediante una columna publicada en el diario Expreso. En dicho espacio, y en posteriores declaraciones a RPP, el legislador defendió su propuesta asegurando que tenía un fuerte respaldo ciudadano en redes sociales y acusó a sus detractores de emprender una campaña de desprestigio ideológica. No obstante, admitió que decidió deponer esta iniciativa de forma provisional para evitar distraer la labor parlamentaria de las verdaderas prioridades nacionales.
La relevancia del archivo de este proyecto se inscribe en un escenario de extrema sensibilidad respecto al equilibrio de los poderes y la preservación de los derechos constitucionales en el país. Las advertencias de los gremios periodísticos evidenciaron vacíos técnicos muy profundos en la norma. Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, criticó que el proyecto empleaba la categoría indeterminada de "períodos de crisis política" sin una delimitación técnica clara, un concepto que en el contexto de los últimos años del Perú podría volver permanente la aplicación de una ley tan restrictiva. Lainez alertó que la simple transcripción o recolección de declaraciones de actores en una protesta social podría acarrear responsabilidades penales injustas para los periodistas. Del mismo modo, el IPYS advirtió que la cobertura informativa habitual o entrevistar a dirigentes de movilizaciones sociales correría el peligro de ser criminalizado de manera arbitraria. Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana recalcó que la amenaza de cárcel bajo una aplicación tan laxa de la norma no solo pendía sobre la prensa independiente, sino también sobre cualquier ciudadano que opinara de manera crítica en redes sociales virtuales.
En la actualidad, tras el anuncio del diputado Aldo Bravo, el polémico proyecto de ley de apología al delito será retirado formalmente del trámite legislativo en el Congreso. No obstante, el estado del proceso deja una advertencia latente. En su columna de opinión, el propio legislador de Renovación Popular advirtió que no descarta perfeccionar el texto para volver a plantear la iniciativa en el futuro. "Se trata de ceder sin conceder. Es también una oportunidad para acrisolar esta propuesta, perfeccionarla y, cuando llegue el momento, volver a la carga", escribió Bravo, cerrando su mensaje con la afirmación de que este repliegue provisional obedece a las urgencias nacionales, como el combate a la inseguridad ciudadana y la mitigación del fenómeno de El Niño, dejando en suspenso si la propuesta de sanción regresará a debate en los próximos meses.
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