DIPUTADO CHRISTIAN ARANDA EXPONE ILEGALMENTE NOMBRE Y DATOS MÉDICOS DE PACIENTE QUE SOLICITÓ ABORTO TERAPÉUTICO EN ABANCAY
El legislador de Renovación Popular generó rechazo nacional tras publicar en redes sociales un oficio dirigido al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, donde exigía la historia clínica de una gestante de 20 semanas; abogadas y organizaciones denuncian una violación al secreto profesional y al derecho constitucional de la intimidad.
El diputado de la bancada de Renovación Popular, Christian Aranda, expuso de manera ilegal la identidad y los datos clínicos confidenciales de una ciudadana que solicitó acceder a un aborto terapéutico en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. El hecho, consumado de forma pública el pasado martes 25 de agosto de 2026 a través de su cuenta oficial en la plataforma X, ha provocado una ola de rechazo de diversas organizaciones de derechos humanos, abogadas penalistas y legisladoras. Este suceso es de gran relevancia institucional y social, ya que vulnera directamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad médica de una paciente que busca acceder a un procedimiento de salud que es completamente legal en el Perú desde el año 1924.
El caso se inició cuando el despacho del congresista redactó y envió un oficio formal al citado hospital apurimeño solicitando "información y verificación de cumplimiento de requisitos legales y médicos" sobre la interrupción terapéutica del embarazo de una gestante de "aproximadamente 20 semanas". En dicho documento, Aranda exigió la entrega de la historia clínica completa, diagnósticos objetivos, exámenes médicos de sustento, constancia de consentimiento informado y la conformación detallada de la junta médica que evaluó el caso. El legislador justificó su requerimiento como un acto de fiscalización parlamentaria tras recibir una supuesta denuncia, advirtiendo incluso con poner el caso en conocimiento del Ministerio Público si detectaba irregularidades. Sin embargo, la controversia se agravó cuando Aranda subió a su cuenta de X la imagen del oficio mostrando el nombre y apellido de la ciudadana sin ningún tipo de reserva.
La filtración de la identidad fue alertada por el periodista Cristian Rebosio, quien tomó una captura de pantalla del documento original antes de que el legislador borrara la publicación para intentar ocultar su accionar. Diversas especialistas explicaron que el pedido de Aranda excede de forma flagrante los límites de la fiscalización parlamentaria. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Transparencia y la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales, la información referida a la salud es considerada un dato sensible estrictamente protegido por la intimidad personal, por lo que su revelación pública sin consentimiento constituye una infracción grave y expone a los involucrados al delito de violación del secreto profesional.
La gravedad de esta intromisión se inscribe en un escenario de constantes barreras para el ejercicio de la salud reproductiva en el país. El aborto terapéutico es legal en el Perú desde hace 102 años, siempre que sea el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente en su salud. Asimismo, cabe destacar que el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay arrastra un serio antecedente de desprotección: fue el centro de salud involucrado en el caso de "Camila", una niña de 13 años víctima de violación sexual a quien se le obstruyó el acceso a este procedimiento de manera oportuna. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano por las graves violaciones cometidas contra Camila, reforzando la obligación de proteger la confidencialidad y garantizar la atención de las pacientes en este nosocomio sin presiones de terceros.
En la actualidad, organizaciones feministas como Promsex y Las Tejedoras han rechazado que se pretendan convertir situaciones médicas individuales en escenarios de confrontación política, exigiendo que se blinde la autonomía del personal de salud. Por su parte, el centro de salud continúa brindando el trámite correspondiente del procedimiento bajo el amparo del artículo 119 del Código Penal y el protocolo técnico nacional de aborto terapéutico. El estado de este escándalo se mantendrá en evaluación pública, mientras colectivos civiles y la exministra Paola Bustamante exhortan formalmente al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer y a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) a iniciar investigaciones administrativas y medidas legales inmediatas contra el diputado Aranda por el presunto abuso de su cargo y la vulneración del secreto médico de la gestante.
Comentarios