ESTUDIANTES DENUNCIAN ENVENENAMIENTO DE SEIS GATOS EN SAN MARCOS

La matanza de cinco gatos y desaparición de otro en San Marcos genera indignación y exige identificar a los responsables bajo la Ley de Protección Animal.

Un presunto y cruel acto de envenenamiento masivo causó la muerte de seis gatos que habitaban y formaban parte de la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El trágico hallazgo fue denunciado de forma pública por estudiantes, defensores de los animales y rescatistas independientes en Lima, situándose el escenario del crimen en las inmediaciones de la Escuela de Nutrición y Obstetricia del campus universitario. El hecho habría ocurrido el pasado sábado 5 de septiembre de 2026. Este caso ha cobrado una enorme relevancia social y ética en el país al evidenciar una severa vulneración a la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N.° 30407), desatando una ola de indignación y protestas estudiantiles que exigen una sanción penal ejemplar para erradicar el maltrato dentro de la decana de América.

Los hechos se descubrieron durante el fin de semana cuando un grupo de estudiantes dedicados al cuidado de los animales comunitarios acudió a alimentarlos. Al recorrer las veredas del campus, los jóvenes encontraron de manera consecutiva los cuerpos inertes de los felinos, identificados individualmente como Teodora, Gemelito, Cleopatra, Melón y Ari. La escena del crimen presentaba evidencias claras de una acción planificada: junto a los cadáveres de los animales se hallaron platos que contenían paté mezclado con una sustancia tóxica (veneno), lo que confirmó el carácter intencional y cruel de la matanza. Un sexto felino que usualmente habitaba en el sector, bautizado como Bolaños, fue reportado inicialmente como desaparecido tras la incursión del agresor, aunque otras informaciones estudiantiles también lo cuentan entre las víctimas.

Ante el macabro escenario, los universitarios y rescatistas se concentraron de inmediato en las instalaciones del campus portando afiches para visibilizar el ataque y exigir justicia. Debido a que el envenenamiento se perpetró de manera silenciosa y en circunstancias aún no esclarecidas, no se registró una persecución policial inmediata, ni la captura en flagrancia de sospechosos con posesión de armas de fuego o artefactos explosivos en el campus. Hasta la fecha, al no existir sospechosos plenamente identificados con pruebas materiales, el Poder Judicial no ha dictado medidas restrictivas o de prisión preventiva, encontrándose el caso en una etapa de recolección de testimonios y denuncias públicas por parte de la comunidad estudiantil.

La relevancia de esta denuncia radica en el rol cotidiano que cumplían estos animales, descritos por la Escuela de Nutrición y Obstetricia como seres que "convivían con estudiantes, docentes y trabajadores, y llenaban de vida nuestros espacios". Los felinos eran alimentados y protegidos de forma autogestionada por alumnos agrupados en el colectivo Identidad San Fernandina (referido también en redes como Idina Fernandina), quienes además realizaban campañas médicas para encontrarles hogares y promover su adopción responsable.

No obstante, los estudiantes denunciaron que existía una presunta hostilidad previa de algunos docentes, quienes presuntamente se habían referido de manera despectiva a los gatos catalogándolos como "plagas". Asimismo, acusaron a la administración universitaria de no brindar el apoyo suficiente para la ejecución de campañas de esterilización, atención veterinaria y sensibilización. La muerte de los felinos generó el pronunciamiento del historiador Manuel Burga, quien cuestionó duramente la crueldad del acto comparándolo con el trato respetuoso hacia los animales en otras dependencias como el Colegio Real o en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), donde toda la comunidad protege a las mascotas.

En la actualidad, la comunidad estudiantil de San Marcos y diversos colectivos animalistas se mantienen en alerta y exigen el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido. El estado del proceso penal se encuentra a la espera de la formalización de una denuncia penal ante el Ministerio Público (Fiscalía), tal como fue exhortado de manera pública por Manuel Burga. De abrirse la investigación fiscal, se requerirá la realización de peritajes veterinarios que determinen científicamente el tipo de tóxico empleado para causar la muerte de los gatos, así como la revisión de las cámaras de seguridad internas de la universidad que permitan identificar, ubicar y sancionar con pena privativa de la libertad a los responsables de esta matanza, conforme a lo estipulado por la Ley de Protección y Bienestar Animal.