GOBIERNO ARGENTINO EXPULSA A PERUANO CONDENADO POR NARCOTRÁFICO VINCULADO A LA BANDA DE "DUMBO"
Nick Gerald Guido Alcalde, alias "Yujo", quien cumplía una condena de nueve años de prisión en el penal de Ezeiza, fue trasladado bajo custodia y deportado con destino a Lima tras la intervención de la justicia federal argentina y como parte de las políticas de seguridad del gobierno de Javier Milei.
El Gobierno de Argentina, a través de su Ministerio de Seguridad, concretó el pasado martes 25 de agosto de 2026 la expulsión del país de Nick Gerald Guido Alcalde, alias "Yujo" o "Yuju", un ciudadano de nacionalidad peruana condenado por narcotráfico. El implicado formaba parte de la peligrosa red delictiva de comercio de estupefacientes liderada por Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo", que operó durante años en el sur de Buenos Aires. Este acontecimiento es sumamente importante en el ámbito de la cooperación judicial internacional y la seguridad pública, ya que representa la cuarta deportación de un miembro de esta banda criminal bajo la actual política argentina orientada a expulsar del territorio a extranjeros vinculados con la delincuencia organizada.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, Nick Gerald Guido Alcalde fue hallado responsable en Argentina como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado, debido a la participación organizada de tres o más personas y por la utilización de menores de edad para facilitar las operaciones ilícitas de la banda. Por estos cargos, Alcalde recibió una condena de nueve años de prisión. Mientras cumplía su sentencia, el recluso permanecía alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
El proceso de deportación se ejecutó de forma cronológica tras la orden emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 10, bajo la dirección del juez federal Julián Ercolini. En un operativo coordinado por la cartera de Seguridad argentina junto al Servicio Penitenciario Federal, Alcalde fue retirado del recinto penitenciario y trasladado bajo una extrema custodia policial hasta ser embarcado con destino a la ciudad de Lima, Perú. El éxito de la operación fue destacado públicamente por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien remarcó el compromiso gubernamental de retirar a los delincuentes extranjeros de su territorio. Al tratarse de un procedimiento administrativo y judicial de deportación de un condenado en prisión, el caso no involucró persecuciones policiales de último momento, incautaciones de granadas o nuevas detenciones armadas en la escena, realizándose el traslado de forma planificada y pacífica.
La desarticulación y expulsión de los remanentes de esta red se enmarca en la persecución de la poderosa banda de "Dumbo", la cual mantuvo una estructura jerárquica con distribución de tareas dedicadas al almacenamiento, fraccionamiento y distribución de cocaína y marihuana al menos entre noviembre de 2018 y junio de 2021. Su principal centro de operaciones se concentraba en el Barrio Padre Mugica de Villa Lugano, extendiendo sus lazos criminales hacia la villa 1-11-14 del Bajo Flores.
El líder histórico del clan, Raúl Martín Maylli Rivera ("Dumbo"), llegó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia argentina. En 2021, Dumbo intentó evadir la acción de la ley fingiendo su muerte por Covid-19 en Perú, llegando a registrarse oficialmente como fallecido e instalando una lápida con su nombre en el cementerio de Flores. Sin embargo, la Policía Federal Argentina descubrió la falsedad del deceso y logró capturarlo vivo en un restaurante de Lima en octubre de 2022, portando una identidad boliviana falsa. Tras ser extraditado a Argentina en noviembre de 2023, "Dumbo" recibió una condena unificada de 32 años de prisión. La expulsión de Alcalde es la cuarta que sufre el grupo delictivo; entre los anteriores expulsados de nacionalidad peruana figuraba también la propia sobrina de Maylli Rivera.
En la actualidad, Nick Gerald Guido Alcalde ya se encuentra en el Perú tras haber sido formalmente entregado a las autoridades de su país de origen. El estado del proceso penal en el territorio argentino concluyó con la ejecución de esta medida de extrañamiento, la cual extingue la permanencia del delincuente en las cárceles federales argentinas. Las autoridades del Ministerio de Seguridad argentino reafirmaron que continuarán aplicando con rigurosidad las normas de deportación vigentes bajo la premisa de que "el que las hace, las paga", manteniendo bajo custodia y en estrecha vigilancia a los demás integrantes extranjeros del crimen organizado que aún purgan condenas en sus prisiones.
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