GOBIERNO DEFIENDE CAPTURA DE SOSPECHOSOS DE SECUESTRO EN TRUJILLO.
La presidenta Keiko Fujimori respaldó las intervenciones de la Policía Nacional y aseguró que los cinco detenidos han confesado y firmado actas por el rapto del empresario Jenss Lara. Sin embargo, la víctima descartó reconocer a los capturados, mientras que el Ministerio Público solicita peritajes de antropología forense debido a las notorias diferencias físicas y de estatura frente a los criminales registrados en video.
Un violento secuestro y una masacre armada que se cobró la vida de cuatro personas conmocionaron a la ciudad de Trujillo la madrugada del pasado domingo 30 de agosto de 2026. El ataque de falsos policías para capturar al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31) desencadenó un operativo que culminó con su posterior liberación. El caso es de suma importancia nacional porque ha puesto en evidencia una profunda discrepancia entre el Poder Ejecutivo —que defiende la validez de la captura de cinco sospechosos vinculados a 'Los Pulpos'— y el Ministerio Público junto a la familia del afectado, quienes alertan sobre posibles irregularidades operativas y la falta de coincidencia física de los detenidos con los verdaderos agresores.
Los hechos se iniciaron la madrugada del domingo en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. Un grupo de delincuentes, provistos de prendas de apariencia policial, simularon un operativo para emboscar la camioneta del empresario. Durante la balacera, fueron ejecutados los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, así como las ciudadanas Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Edith Urtecho Rodríguez. Tras mantener a Lara retenido en un cañaveral, vendado y desvestido, los captores lo liberaron el lunes 31 de agosto.
Inmediatamente, la Policía detuvo a cinco sospechosos: Erank Junior Quezada Cruz (“Ñato”), Julio Zavaleta Quezada (“Juliacho”), César Iván García Rivera (“Bolacho”), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (“Polo”) y José Miguel Cherrepe Dávila. El Ejecutivo defendió activamente las capturas; la presidenta Keiko Fujimori aseveró de forma categórica que los implicados "han confesado y hay documentos firmados". No obstante, el padre del empresario, Eleuterio Lara López, desmintió la versión oficial e indicó que su hijo no reconoció a ninguno de los detenidos ni sus voces.
Asimismo, los familiares de los intervenidos protestaron en los exteriores de la Dirincri denunciando detenciones arbitrarias. Argumentan que las estaturas no concuerdan: uno de los detenidos mide apenas 1.50 metros, mientras que las imágenes registran a secuestradores con "porte militar" que superan el 1.70 de estatura. Ante este escenario, el fiscal superior coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, aclaró que la Fiscalía aún no tiene base pericial suficiente. Chávez Cotrina anunció que solicitará la participación de un antropólogo forense para comparar la fisonomía de los detenidos con los videos antes de formular cualquier requerimiento formal ante el Poder Judicial, a fin de actuar con bases sólidas.
La relevancia de este asalto se vincula con la banda delictiva 'Los Pulpos', una de las organizaciones criminales más peligrosas dedicadas al sicariato, extorsión y secuestro en el norte peruano. En medio del clima de indignación por la desbordante inseguridad ciudadana, la presidenta Fujimori defendió el pedido de facultades legislativas enviado por su Gobierno para aplicar medidas drásticas, tales como calificar a estas bandas criminales como "grupos hostiles", endurecer la expulsión de indocumentados y tomar un mayor control del sistema penitenciario. Por otro lado, la crisis generó tensión política en el gabinete por la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en la zona, y la ausencia por motivos personales del ministro del Interior, César Astudillo, quien coordinó el traslado desde Bolivia de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla principal de 'Los Pulpos'.
En la actualidad, los cinco sospechosos permanecen detenidos y bajo investigación preliminar a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional. El estado del proceso penal se mantendrá a la espera de decisiones definitivas de prisión preventiva por parte del Poder Judicial hasta que concluyan las pericias científicas y antropológicas ordenadas por la Fiscalía. Mientras tanto, la indignación ciudadana y el debate sobre la transparencia en los procedimientos de captura policial continúan abiertos en el país.
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