GOBIERNO PERUANO RECHAZA REFORMA CONSTITUCIONAL NICARAGÜENSE Y PIDE ACCIÓN INTERNACIONAL.
La Cancillería peruana emitió un enérgico pronunciamiento contra las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional nicaragüense que extienden el mandato presidencial a siete años y excluyen a la oposición. Ante esta situación, el Ejecutivo liderado por la presidenta Keiko Fujimori urgió a la ONU y a la OEA a activar mecanismos para frenar la perpetuación de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder.
El Gobierno del Perú expresó su enérgico rechazo a la reforma constitucional aprobada en primera votación por el Parlamento de Nicaragua que liquida la institucionalidad democrática en dicho país. El pronunciamiento oficial, emitido el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que las modificaciones buscan anular el estado de derecho y consolidar una dictadura familiar encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este acontecimiento es de trascendental importancia geopolítica en América Latina, ya que marca una postura firme de la administración de la presidenta Keiko Fujimori en defensa de la Carta Democrática Interamericana, al tiempo que busca movilizar a los organismos multilaterales frente a la criminalización sistemática de la oposición política en el continente.
Cronológicamente, los hechos políticos se desencadenaron el martes 1 de septiembre de 2026, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad la polémica reforma constitucional en una sesión especial celebrada en la ciudad de León. El nuevo texto legal prohíbe explícitamente la participación de partidos opositores y amplía de seis a siete años el mandato de las autoridades presidenciales, legislativas, judiciales, municipales y policiales. Asimismo, la enmienda incorpora en su artículo 47 impedimentos para que los declarados "traidores a la patria" ocupen cargos de elección popular, una categoría represiva que el régimen ya ha aplicado a más de 450 opositores y exiliados políticos, entre ellos los reconocidos escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Como respuesta inmediata, el miércoles 2 de septiembre, la Cancillería peruana emitió el Comunicado Oficial 015-26 expresando su absoluto rechazo a estas medidas. En dicho documento, el Gobierno peruano advirtió que la iniciativa viola de forma flagrante la Carta Democrática Interamericana y los compromisos internacionales de Nicaragua en derechos humanos.
Cabe precisar que, por tratarse de un pronunciamiento diplomático de carácter político-administrativo internacional, el suceso no registró ningún ataque armado, persecución policial de flagrancia contra sospechosos, capturas de personas ni incautación de elementos delictivos tales como armas, granadas o notas de extorsión; por ende, tampoco involucra ninguna orden o decisión de prisión preventiva emitida por el Poder Judicial peruano. En su lugar, la acción del Estado peruano se centró en formular un llamado urgente a los órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para activar todos los mecanismos disponibles que impidan la consolidación definitiva de este régimen autoritario.
Contexto La relevancia de este enérgico rechazo por parte de Lima radica en la prolongada perpetuación del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, un exguerrillero sandinista de 80 años de edad que ha gobernado el país desde 2007 de manera continua y que desde 2025 comparte el mando formal con su esposa, Rosario Murillo, gracias a una reforma anterior. Ortega, quien ostenta el récord de permanencia en el poder en su país con 30 años en total, había advertido públicamente el pasado 19 de julio que en su nación "no volverá a haber elecciones". La preocupación internacional es compartida por otros gobiernos de la región —como Costa Rica, Chile, Brasil, Panamá, Guatemala y Uruguay— y por la Unión Europea, que coinciden en que no existen condiciones mínimas para elecciones libres en el territorio centroamericano. Para que la polémica reforma constitucional entre en vigor, la legislación nicaragüense exige que sea ratificada en una segunda legislatura parlamentaria programada a partir del 18 de enero de 2027.
Cierre En la actualidad, el Gobierno del Perú mantiene una postura de vigilancia internacional y reafirma su compromiso inequívoco con la promoción de la democracia y los derechos humanos. El estado del proceso de la reforma constitucional en Nicaragua se mantendrá a la expectativa hasta su eventual ratificación en el parlamento nicaragüense a inicios del próximo año. En el plano internacional, la Cancillería peruana continuará coordinando esfuerzos diplomáticos con la OEA y la ONU, expresando que se mantendrá al lado del pueblo nicaragüense, de sus presos políticos y de sus exiliados, dejando en claro que el Perú no reconocerá un ordenamiento legal que suprima el derecho elemental de vivir en libertad.
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