JUNTOS POR EL PERÚ INTERPELA A MINISTRO DEL INTERIOR POR INSEGURIDAD.
La iniciativa, impulsada por la diputada Analí Márquez, plantea un pliego de 27 preguntas que cuestionan la gestión del titular del Mininter frente al sicariato y la extorsión. El Parlamento también exige explicaciones sobre el cuestionado nombramiento de Magali Meza en el sector y la permanencia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien afronta investigaciones por presunta corrupción.
La bancada parlamentaria de Juntos por el Perú formalizó el pasado jueves 3 de septiembre de 2026 la presentación de una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, ante la Oficialía Mayor del Congreso en Lima. La iniciativa, impulsada principalmente por la diputada y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, busca que el titular del sector rinda cuentas ante la representación nacional por la ineficacia de sus políticas frente a la delincuencia y por presuntas irregularidades administrativas en su cartera. Este hecho reviste una trascendental importancia política ya que constituye el segundo pedido de interpelación contra un ministro del régimen de la presidenta Keiko Fujimori y ocurre en medio de un clima de pánico y protesta social por el alarmante incremento de extorsiones, cobro de cupos y sicariato contra gremios de transportistas y trabajadores de construcción.
De manera formal, el proceso de control parlamentario se inició con la remisión de un documento de 12 páginas que reunió las firmas de diversos diputados de la agrupación, entre ellos Ernesto Zunini, Julián Pérez Mallqui, Oliver Peña y Catherin Palomino. El documento contiene un pliego interrogatorio de 27 preguntas, de las cuales 15 se concentran de forma específica en las acciones y resultados del Ejecutivo para combatir el hampa organizada.
El segundo gran eje de la moción aborda el nombramiento de Magali Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Mininter, una designación fuertemente cuestionada debido a que Meza afronta investigaciones fiscales por presunta corrupción de funcionarios cometida cuando se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, durante el gobierno del expresidente José Jerí. Asimismo, la bancada opositora exige explicaciones sobre la decisión de mantener en el cargo al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, a pesar de encontrarse bajo investigación fiscal por corrupción y de haber permanecido en el puesto durante tres gobiernos consecutivos.
Debido a que este suceso corresponde a una acción fiscalizadora de naturaleza político-legislativa en el Parlamento, en la sede del Congreso no se produjo un ataque físico armado, persecución policial en flagrancia ni la captura de sospechosos, así como tampoco el decomiso de armas de fuego, granadas o notas extorsivas. Del mismo modo, no existen mandatos de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial relacionados con este trámite, aunque la interpelación se sustenta precisamente en la inacción frente a los crímenes de bandas organizadas y en el avance de las indagaciones de corrupción contra los referidos directivos policiales y del sector.
La relevancia de esta interpelación se enmarca en un escenario de profunda desconfianza e indignación popular ante la ineficacia de los planes de seguridad ciudadana frente a la delincuencia común y el crimen organizado en Lima y regiones. La inestabilidad del sector se vio agudizada recientemente por polémicas ajenas al pliego, tales como la cuestionada ausencia del ministro Astudillo en Trujillo durante las primeras horas del violento secuestro de un comerciante minero, inasistencia que el Ejecutivo justificó argumentando estrictos motivos personales del titular. Además, esta ofensiva legislativa de Juntos por el Perú coincide con la fragilidad que arrastra el gabinete ministerial tras la interpelación promovida semanas atrás contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, evidenciando una severa presión política sobre el equipo de confianza de la presidenta Fujimori.
En la actualidad, la moción de interpelación se encuentra formalmente ingresada en la Cámara de Diputados. Conforme al procedimiento parlamentario, la admisión de la solicitud requiere el voto favorable de al menos un tercio de los diputados hábiles, votación que se programará para la sesión plenaria subsiguiente a aquella en la que se dé cuenta del pedido. De prosperar la iniciativa, el Pleno del Parlamento definirá el día y la hora en que el ministro César Astudillo deberá acudir de manera obligatoria a la sede legislativa para responder a los cuestionamientos de la representación nacional, quedando a la expectativa si el trámite derivará posteriormente en un eventual pedido de censura.
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