JUNTOS POR EL PERÚ PRESENTA DOS PROYECTOS DE LEY PARA PERMITIR LA DESTITUCIÓN DE ÓSCAR ARRIOLA ANTES DE CUMPLIR SU PERIODO DE DOS AÑOS EN LA PNP
Las diputadas Analí Márquez y Catherin Palomino propusieron modificar el Decreto Legislativo N.º 1267 para facultar al Poder Ejecutivo a retirar al comandante general de la Policía por pérdida de confianza o idoneidad. La propuesta, que busca dar flexibilidad al Gobierno frente a la crisis de inseguridad ciudadana, cuenta con el respaldo de agrupaciones opositoras, mientras que el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que actualmente no existe un marco legal para ordenar su salida.
La bancada parlamentaria de Juntos por el Perú formalizó ante la Cámara de Diputados en Lima el pasado 1 de setiembre de 2026 la presentación de dos proyectos de ley orientados a facultar a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para destituir de manera anticipada al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. Este hecho reviste una trascendental importancia política y social debido a que propone eliminar la estabilidad rígida de dos años en el cargo de jefe policial, bajo el sustento de que la inamovilidad de la comandancia general limita la capacidad del Poder Ejecutivo para realizar cambios estratégicos oportunos ante el desbordante incremento de la criminalidad y las extorsiones en el país.
De manera cronológica, la primera iniciativa legislativa fue planteada por la diputada Catherin Palomino, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Su proyecto propone incorporar una causal de cese anticipado por la "pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad", sustentada en criterios técnicos como la grave afectación de la eficacia operativa, negligencia o incumplimiento de las políticas y planes nacionales de seguridad. Posteriormente, la diputada Analí Márquez Huanca ingresó una segunda propuesta complementaria de la misma bancada para modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1267. Márquez propone reincorporar la causal de “pérdida de confianza” —retirada de la legislación mediante una reforma en el año 2022— para que el Ejecutivo pueda disponer la salida del jefe de la Policía a través de una Resolución Suprema debidamente motivada por falta de idoneidad o deficiente desempeño operativo.
Debido a que este suceso corresponde estrictamente a un procedimiento legislativo de debate de proyectos de ley en el Parlamento peruano, en el lugar no se registró un ataque físico, persecución policial en flagrancia contra sospechosos, capturas físicas por parte de agentes del orden ni la incautación de elementos criminales como armas de fuego, granadas o notas extorsivas. Igualmente, por el carácter político-administrativo de estas reformas constitucionales, no se ha dictado ninguna orden de prisión preventiva de parte de jueces del Poder Judicial en relación con este suceso de control estratégico de las fuerzas del orden.
La sustentación de ambas iniciativas de Juntos por el Perú —partido liderado por Roberto Sánchez— resalta que el marco vigente de dos años de permanencia obligatoria es demasiado rígido y restringe las competencias que el artículo 118 de la Constitución le otorga al presidente de la República para velar por el orden interno. De hecho, la urgencia de estas iniciativas se acentuó luego de que el ministro del Interior, César Astudillo, reconociera ante el Congreso que el Gobierno carece de herramientas jurídicas para remover al general Arriola de su función. Arriola asumió el mando con un período de permanencia legal previsto para culminar recién en septiembre de 2027.
La relevancia de estas propuestas legislativas se enmarca en un escenario de fuerte descontento social e institucional debido a la ineficacia percibida en las actuales políticas públicas de seguridad ciudadana. Diferentes fuerzas políticas en la Cámara Baja han expresado de forma recurrente que la conducción de la PNP requiere un relevo urgente. Agrupaciones como Ahora Nación y Renovación Popular emitieron comunicados exigiendo que el general Arriola dé un paso al costado tras registrarse un sangriento asalto y secuestro en Trujillo que culminó con cuatro personas ejecutadas. Por su parte, el diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, se mostró a favor del proyecto de ley e indicó que la permanencia de Arriola es insostenible ante la falta de resultados.
En la actualidad, ambos proyectos de ley han sido derivados a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados para su respectivo análisis, debate y redacción del dictamen. El estado actual del proceso legislativo establece que de obtener luz verde en las comisiones de trabajo, los proyectos pasarán a ser debatidos y votados en el Pleno de la Cámara Baja, requiriendo además la posterior ratificación por parte del Senado antes de su promulgación definitiva. Mientras dure el trámite parlamentario de estas reformas, el general Óscar Arriola continuará ejerciendo sus funciones como comandante general de la PNP al amparo de la legislación de inamovilidad vigente.
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