MADURO SOLICITA NULIDAD DE SU JUICIO EN EE. UU. Y EXIGE LIBERACIÓN
La defensa del depuesto líder venezolano presentó un escrito de 60 páginas ante una corte federal de Nueva York para archivar el proceso por narcotráfico y narcoterrorismo. Los abogados argumentan que Maduro goza de inmunidad absoluta tanto por su cargo de mandatario como por sus conductas oficiales, un reclamo histórico que el juez Alvin Hellerstein analizará en una audiencia clave fijada para el próximo 17 de noviembre.
La defensa legal del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó formalmente este miércoles 2 de septiembre de 2026 una moción de 60 páginas ante un tribunal federal de Manhattan, en Nueva York, solicitando la anulación de los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en su contra. En el recurso redactado por su abogado principal, Barry Pollack, se argumenta de forma categórica que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción penal sobre el exmandatario debido a que posee inmunidad soberana de forma absoluta. Este acontecimiento es de trascendental importancia jurídica y diplomática global porque pone a prueba el respeto de la justicia de Estados Unidos al derecho internacional consuetudinario y redefine el precedente sobre el procesamiento judicial de líderes extranjeros capturados mediante el uso de la fuerza militar en su propio territorio.
La detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se concretó el pasado 3 de enero de 2026 mediante la ejecución de la "Operación Absolute Resolve". En dicha fecha, fuerzas especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una incursión militar de asalto directo en Caracas, Venezuela, capturando a la pareja presidencial para trasladarla de forma inmediata bajo custodia federal a la ciudad de Nueva York. Actualmente, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Las imputaciones penales del caso se remontan a una acusación inicial formulada por el Departamento de Justicia en marzo de 2020, la cual señala a Maduro de coludir con la guerrilla de las FARC para enviar miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, la red operaba facilitando a los narcotraficantes pasaportes diplomáticos, aeronaves oficiales protegidas por inmunidad diplomática y escoltas armadas de las fuerzas militares venezolanas.
Ante este escenario, el juez federal Alvin Hellerstein determinó como fecha límite el 2 de septiembre para que la defensa de Maduro presentara sus objeciones de inmunidad. El escrito defensivo de 60 páginas sostiene dos rutas para la desestimación: la inmunidad de cargo (por ejercer las funciones presidenciales como jefe de Estado de facto) y la inmunidad por conducta (alegando que los hechos imputados fueron actos oficiales soberanos realizados bajo el ejercicio legítimo del poder del Estado). Paralelamente, Cilia Flores presentó de forma independiente su propio recurso reclamando que la inmunidad soberana sea extendida a su persona bajo su rol de primera dama. De acuerdo con el cronograma judicial aprobado por el juez Hellerstein, los fiscales federales tendrán de plazo hasta el 2 de octubre de 2026 para responder a la moción de la defensa. Posteriormente, el tribunal programó el inicio de los alegatos orales presenciales sobre esta disputa para el próximo 17 de noviembre de 2026, definiendo que el juicio principal se iniciará el 1 de junio de 2027 en caso de que las mociones sean rechazadas.
La resolución de este litigio penal se ve fuertemente influenciada por la compleja relación política entre Washington y Caracas. El gobierno de los Estados Unidos dejó de reconocer formalmente la legitimidad constitucional de Maduro como presidente de Venezuela en el año 2019, tras calificar las elecciones de 2018 y las posteriores de 2024 como fraudulentas. Los expertos legales advierten que el exmandatario enfrenta una dura batalla legal debido a que las cortes norteamericanas suelen alinears estrictamente a las decisiones de reconocimiento diplomático de la Casa Blanca.
El único antecedente directo similar en la historia judicial de EE. UU. es el procesamiento del general panameño Manuel Noriega en 1990. En dicho caso, la justicia federal de Miami desestimó los reclamos de inmunidad de Noriega argumentando que este nunca ejerció la presidencia constitucional de Panamá, sino que gobernaba de facto a través del control militar. Adicionalmente, tras la captura y remoción física de Maduro del poder a inicios de 2026, su aliada socialista y vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la conducción de Venezuela, concretando un acuerdo comercial histórico con la administración de Donald Trump para ceder al control estadounidense una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas, lo que ha generado que su gobierno asuma un silencio absoluto respecto al proceso judicial de Maduro.
En la actualidad, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecerán recluidos sin derecho a fianza en la prisión federal de Brooklyn mientras avanza el calendario judicial fijado por el magistrado Alvin Hellerstein. El estado del proceso legal se mantiene suspendido de manera provisional hasta la realización de la audiencia oral del 17 de noviembre de 2026, donde el juez Hellerstein determinará si acoge los argumentos de la defensa o si ordena la continuación del juicio histórico para junio de 2027. Mientras tanto, la defensa de Maduro también ha denunciado bloqueos por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. para impedir que el Estado venezolano financie directamente sus millonarios honorarios de representación legal.
Comentarios