MININTER NOMBRA A VEINTIDÓS AFILIADOS FUJIMORISTAS COMO SUBPREFECTOS
El Ministerio del Interior nombró al menos a 22 militantes de Fuerza Popular como subprefectos provinciales y distritales, desatando severas críticas por presunta contradicción política.
El Ministerio del Interior (Mininter), durante la gestión gubernamental de la presidenta Keiko Fujimori, designó a al menos 22 afiliados del partido Fuerza Popular como subprefectos provinciales y distritales en diversas regiones del Perú. La medida fue oficializada progresivamente hasta mediados de octubre de 2026 mediante resoluciones del sector Interior, cuyo titular es el ministro y senador fujimorista César Astudillo. Este hecho reviste una alta trascendencia política e institucional, puesto que desató severos cuestionamientos por presunto favorecimiento partidario e inconsistencia ideológica, al recordar que la propia bancada de Fuerza Popular impulsó en años anteriores proyectos de ley para abolir dichos cargos por considerarlos puestos de proselitismo político.
De acuerdo con los registros oficiales del sector Interior actualizados al 17 de octubre de 2026, el Gobierno nombró a un total de 125 subprefectos provinciales y distritales, además de una prefecta regional, identificándose que 22 de ellos mantienen filiación activa a Fuerza Popular y otros 14 pertenecen a distintas agrupaciones. Entre las designaciones más destacadas figuran cuatro excandidatos al Congreso bicameral: Estela Martha León Requena, Madeleina Rivera Fabián, Roxana Izarra Altez y el excongresista fujimorista Wilmer Aguilar Montenegro, este último nombrado subprefecto provincial de Cutervo, en Cajamarca. Asimismo, en Arequipa se oficializó el nombramiento de Danitza Haydee Dodero Jovich como subprefecta provincial, siendo hermana directa de la actual diputada fujimorista Pierangeli Dodero Jovich.
Entre los nombramientos que generaron mayor controversia figura el de Tamara Noelina Pérez Aguilar como subprefecta distrital de Iquitos, en Loreto, quien afronta una investigación fiscal por presunto peculado doloso y figura en un informe de la Contraloría sobre un perjuicio económico de S/ 2 millones en la Gerencia Regional de Educación de Loreto. Frente a las críticas, la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter sostuvo que las contrataciones cumplieron los parámetros normativos y que no existían inhabilitaciones legales concluyentes. Al tratarse de un procedimiento administrativo y político en el Poder Ejecutivo, este acontecimiento no conllevó persecuciones policiales en flagrancia, incautación de armas ni medidas de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial.
La relevancia de estas designaciones radica en la evidente contradicción respecto a la postura histórica de la agrupación política. En agosto de 2022, la actual senadora de Fuerza Popular Nilza Chacón presentó el proyecto de ley N.° 2882/2022-CR para eliminar los cargos de prefectos y subprefectos, iniciativa que contó con el respaldo de dirigentes fujimoristas como Eduardo Castillo, Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, quienes argumentaron que dichas plazas eran utilizadas con fines proselitistas por el gobierno de turno. Tras la revelación de los nuevos nombramientos, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó la vigencia de estas autoridades locales calificándolas como un "botín político" para otorgar empleo a partidarios. De forma paralela, en la región Puno, la coordinadora regional de Fuerza Popular, Claudia Dávalos Quispe, rechazó versiones sobre repartición de cargos en organismos públicos y aseguró que las selecciones corresponden a las instancias nacionales.
En la actualidad, los subprefectos designados por el Ministerio del Interior continúan en el ejercicio de sus funciones en sus respectivas jurisdicciones, mientras diversos sectores políticos y especialistas solicitan revisar la permanencia de estas autoridades gubernamentales. El estado de la situación se mantiene en el fuero del debate público e institucional, al tiempo que la investigación fiscal contra Tamara Pérez por presunto peculado doloso en Loreto sigue su curso legal independiente ante las autoridades anticorrupción.
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