MINISTERIO DE SALUD EMITE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL Y EXTIENDE LA EMERGENCIA SANITARIA POR BROTE DE SARAMPIÓN
El Gobierno central prorrogó por 90 días la emergencia sanitaria tras confirmarse un alarmante acumulado de más de 1,740 casos de sarampión en el territorio nacional. La medida obliga a todos los establecimientos de salud del país a aplicar triajes diferenciados y a priorizar la vacunación de su personal para evitar contagios cruzados en las salas de espera.
El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica n° AE–CDC-N°007-2026 el pasado 21 de agosto de 2026 ante el acelerado incremento de casos de sarampión registrados en el país. El brote activo involucra de forma directa al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) y a las redes de salud de las 25 regiones de la nación, donde ya se contabilizan 1,747 casos confirmados en lo que va del año. Esta medida preventiva es de suma importancia debido a la alta transmisibilidad del virus y al riesgo elevado de diseminación hacia zonas densamente pobladas como Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, lo que exige una respuesta sanitaria inmediata para proteger la continuidad de los servicios médicos.
La crisis epidemiológica se agudizó tras confirmarse que la mayor concentración de contagios se originó con una transmisión local activa en la región de Puno (1,264 casos) y se expandió a Arequipa (292 casos), además de registrarse pacientes afectados en Cusco, Madre de Dios y Lima. Debido a que este suceso corresponde estrictamente a una emergencia de salud pública de origen viral, el caso no involucra ningún tipo de ataque físico, persecución de la policía, capturas en flagrancia ni el hallazgo de evidencias como armas de fuego, granadas o notas extorsivas, así como tampoco decisiones de carácter penal por parte del Poder Judicial.
La cronología de las acciones preventivas se inició con la publicación de la alerta nacional dirigida a los centros de salud públicos, privados y mixtos. Posteriormente, el Gobierno oficializó el Decreto Supremo N.° 013-2026-SA, prorrogando la emergencia sanitaria por 90 días para dotar al sector de herramientas de control rápido. Bajo esta normativa, las autoridades sanitarias ordenaron a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) implementar de forma obligatoria un triaje diferenciado para separar de inmediato a todo paciente que ingrese con fiebre y sarpullido, evitando que compartan salas de espera comunes. Paralelamente, se dispuso intensificar la vacunación de médicos, enfermeros, personal administrativo, de seguridad y limpieza, priorizando áreas críticas como emergencias, UCI y laboratorios.
La gravedad de este brote radica en la facilidad con la que el virus del sarampión se propaga entre personas susceptibles, en especial dentro de espacios cerrados y en contextos donde existe una cobertura de vacunación insuficiente. Maribel Castillo, responsable de inmunizaciones de la Diris Lima Este, advirtió que la migración constante de ciudadanos desde los focos de contagio iniciales incrementa críticamente el peligro de transmisión en la capital, donde ya se han identificado 14 casos confirmados. Para mitigar este escenario de riesgo, las brigadas de enfermería vienen ejecutando campañas masivas casa por casa en horarios ampliados de mañana, tarde y noche, enfrentando en ocasiones la resistencia de ciertos sectores de la población para permitir la inmunización de los menores.
En la actualidad, la declaratoria de emergencia sanitaria por 90 días se mantiene plenamente vigente a nivel nacional mientras se ejecutan barridos de vacunación y se vigila el cumplimiento de los protocolos de aislamiento en las IPRESS. El estado del proceso de control de salud pública indica que el Minsa continuará abasteciendo los puntos de atención médica, como las 82 IPRESS operativas en Lima Este, para garantizar el acceso gratuito a las dosis. Al tratarse de un fenómeno médico-social y no de un proceso delictivo, no existen personas bajo mandato de prisión preventiva, enfocándose la estrategia del Estado en lograr que la ciudadanía reciba las dos dosis obligatorias para extinguir la cadena de contagios.
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