MUJERES AWAJÚN DENUNCIARÁN INTERNACIONALMENTE A MINISTRO POR JUSTIFICAR ABUSOS EN CONDORCANQUI
La lideresa Rosemary Pioc anunció acciones internacionales contra autoridades peruanas por vincular más de quinientas denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas con costumbres culturales, exigiendo justicia y atención de la emergencia por contagios de VIH.
En el mes de septiembre de 2026, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), Rosemary Pioc, anunció el impulso de una denuncia internacional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, tras la realización del Tercer Congreso de Mujeres del Gobierno Territorial Autónomo Awajún. La controversia estalló en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, luego de que altas autoridades del Ejecutivo atribuyeran un "origen cultural" a los sistemáticos abusos sexuales cometidos por docentes contra niñas y adolescentes indígenas en escuelas y albergues escolares. La medida reviste una trascendental importancia al encarar la impunidad, enfrentar la estigmatización oficial de los pueblos originarios y visibilizar una crisis de vulneración de derechos humanos que abarca cientos de casos y contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Los hechos que desencadenaron la indignación de la comunidad indígena ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Al ser consultado sobre las acciones estatales en Condorcanqui, el ministro Ernesto Álvarez afirmó inicialmente que existía un "hecho cultural que hay que corregir desde la raíz". Aunque tras ser cuestionado por la presidencia de la comisión rectificó indicando que los delitos tenían un "origen cultural" pero constituían actos abominables, sus palabras provocaron un inmediato rechazo.
Frente a estas aseveraciones, la lideresa Rosemary Pioc calificó de "gravísimas" las expresiones de Álvarez y remarcó enfáticamente que "las violaciones no son culturales". Asimismo, las representantes indígenas extendieron sus cuestionamientos a declaraciones atribuidas a los titulares de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señalando que vincular los abusos cometidos por profesores en escuelas y albergues con costumbres ancestrales vulnera la dignidad de las mujeres awajún y exime de culpa a los agresores.
En el marco de sus demandas, las organizaciones indígenas revelaron la existencia de 524 denuncias por violencia sexual cometida contra menores en la zona. Las representantes explicaron que las víctimas enfrentan severas barreras para acceder a la justicia, pues al acudir a reportar los hechos suelen sufrir burlas, insultos o el cuestionamiento reiterado de sus testimonios. A esta problemática se suma la denuncia sobre profesores que contagiaron VIH a las estudiantes víctimas de agresión sexual, situación que mantiene a la provincia de Condorcanqui bajo alerta roja de salud pública por el avance de la epidemia y la reducción de presupuestos de atención.
Por su parte, un informe de la Defensoría del Pueblo emitido el 16 de septiembre de 2026 confirmó que, a casi diez años de haberse denunciado esta problemática, las agresiones persisten debido a omisiones en la prevención, registro y separación de docentes investigados, lo que provocó la prescripción de diversos procesos disciplinarios.
La violencia sexual contra menores en residencias y colegios de la Amazonía peruana constituye una problemática estructural e histórica. Pese a que el Estado cuenta con un Plan de Acción Intersectorial 2026 compuesto por 16 entidades públicas y 85 medidas en materia de salud, educación y protección, los organismos defensores coinciden en que la respuesta ha sido insuficiente para frenar la impunidad y atender las secuelas sanitarias en las víctimas.
Dado el nivel de gravedad, la crisis ha tomado trascendencia internacional. En septiembre de 2026, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA realizó una visita técnica a Condorcanqui para evaluar las condiciones de protección, salud y acceso a la justicia de las niñas y adolescentes afectadas.
En la actualidad, las organizaciones representadas en el Gobierno Territorial Autónomo Awajún alistan los actuados para formalizar la denuncia internacional contra las autoridades estatales peruanas. En el ámbito jurisdiccional, el pueblo Awajún exige al Estado un diálogo intercultural respetuoso, la sanción efectiva de los docentes implicados y la implementación inmediata de refugios, apoyo legal e intervenciones sanitarias integrales para erradicar la violencia en sus comunidades.
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