PIDEN SUSPENSIÓN PARA DIPUTADO JULIÁN PÉREZ TRAS GRAVE DENUNCIA DE AGRESIÓN A SU EXPAREJA
Parlamentarios de todas las bancadas coinciden en que el legislador de Juntos por el Perú debe ser sancionado con severidad. La víctima denunció que el ataque continuó incluso dentro de la comisaría de San Miguel.
El Congreso de la República se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, el protagonista es el diputado Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú (JP), quien enfrenta una grave denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.
Pedido de suspensión inmediata Ante la gravedad de los hechos, el vocero de su propia bancada, Ernesto Zunini, solicitó formalmente que se inicie un proceso disciplinario y se le imponga una suspensión cautelar al legislador. Según Zunini, este tipo de conductas son incompatibles con los principios éticos del partido y el respeto a la mujer.
El escándalo estalló el pasado jueves, cuando Pérez fue detenido por irrumpir en la vivienda de su expareja. Aunque permaneció 48 horas bajo arresto en la comisaría de San Miguel, fue puesto en libertad el sábado tras vencerse el plazo de detención en flagrancia.
Terror dentro de la comisaría
Lo más indignante del caso es el testimonio de la mujer afectada. Según relató al dominical Panorama, el diputado —conocido como 'Cheldo'— no se detuvo ni frente a la autoridad. La víctima denunció que, dentro de la misma sede policial, Pérez la sujetó con fuerza del brazo y la amenazó en tono burlón, dejándole marcas visibles que fueron notadas por los efectivos presentes.
Congreso exige mano dura
La indignación ha unido a oficialistas y opositores. El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) manifestó que todos los parlamentarios tienen la obligación de dar el ejemplo y no pueden permitir conductas violentas contra la familia.
Por su parte, otros legisladores han sido más críticos con la demora de Juntos por el Perú para actuar. El diputado Arturo Alegría (Fuerza Popular) pidió ser "estrictamente severos" con la sanción, mientras que Diego Bazán (Renovación Popular) señaló que lo que corresponde es la sanción máxima de 120 días de suspensión de sus labores.
Mientras la Comisión de Ética prepara su investigación, Julián Pérez ha negado todas las acusaciones y asegura que colaborará con la justicia para demostrar su supuesta inocencia. Por ahora, el futuro del legislador depende de los procesos administrativos y legales que buscan castigar un acto que, en palabras de sus colegas, pone nuevamente en vergüenza al Parlamento.
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