REABREN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA VIOLACIÓN GRUPAL EN UNIVERSIDAD DE CORNELL
La Fiscalía del condado de Tompkins reabrió el caso denunciado por una exestudiante de Cornell, quien acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente durante horas en octubre de 2024.
La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió la investigación penal por la presunta violación grupal de una exestudiante de la Universidad de Cornell, identificada como Jane Doe, quien acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas en octubre de 2024. La decisión se produjo después de que la joven presentara en septiembre de 2026 una demanda civil de 101 páginas contra los señalados, la fraternidad y la universidad.
Los hechos denunciados ocurrieron la noche del 19 de octubre de 2024, en la sede de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Según la demanda, Jane Doe tenía 20 años y era estudiante de tercer año cuando acudió al lugar después de haber consumido alcohol. La joven sostiene que, una vez allí, algunos integrantes de la fraternidad le proporcionaron más alcohol y marihuana y la presionaron para consumir ketamina, una sustancia que, según su declaración, nunca había utilizado anteriormente.
La demanda sostiene que posteriormente siete estudiantes participaron en distintas agresiones sexuales. Entre los señalados figuran Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. El documento judicial también incorpora una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat que, según la denunciante, muestra cómo uno de los integrantes convocó a otros miembros de la fraternidad mientras ella permanecía en el lugar.
De acuerdo con el relato incluido en la demanda, las agresiones habrían comenzado durante la madrugada del 20 de octubre y se prolongaron hasta aproximadamente las 5:45 de la mañana. La denunciante afirma que se encontraba incapacitada para consentir debido a su estado de intoxicación y que finalmente perdió el conocimiento. Los siete hombres mencionados en la demanda no han sido formalmente acusados de delitos penales.
Jane Doe informó del caso a la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024. La investigación fue remitida posteriormente a la Fiscalía del condado de Tompkins. En ese momento, el fiscal determinó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos penales. Según la Fiscalía, la declaración proporcionada entonces no contenía con suficiente claridad algunos de los elementos que aparecen en la demanda presentada en 2026.
Paralelamente, Cornell abrió una investigación bajo el Título IX, la normativa federal estadounidense que prohíbe la discriminación sexual en instituciones educativas que reciben fondos federales. La universidad suspendió temporalmente a los estudiantes señalados y a la fraternidad mientras investigaba las acusaciones. Cornell sostiene que posteriormente impuso diversas sanciones, incluidas expulsiones y suspensiones, aunque la demanda y las declaraciones de los representantes de la denunciante cuestionan el alcance de esas medidas.
El caso volvió a la atención pública en septiembre de 2026, cuando Jane Doe presentó una demanda civil contra los siete hombres, la fraternidad Chi Phi, la hermandad a la que pertenecía y la Universidad de Cornell. La demanda acusa a los involucrados de agresión sexual y plantea además cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente a las denuncias.
Tras la presentación de la demanda y la presión pública para revisar el caso, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que la investigación sería reabierta. La Fiscalía pretende llevar el caso ante un gran jurado, que deberá evaluar las pruebas y determinar si existen fundamentos para formular cargos penales.
Van Houten ha señalado que la decisión inicial de no presentar cargos se tomó con base en la información disponible en 2024 y que la revisión busca determinar si actualmente existe evidencia adicional que pueda modificar aquella evaluación. La reapertura, por tanto, no significa que los siete señalados hayan sido declarados culpables ni que ya enfrenten cargos penales.
El caso ha generado especial repercusión debido a que involucra a una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos y ha reavivado el debate sobre la respuesta de las instituciones educativas ante las denuncias de violencia sexual. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una investigación independiente sobre la gestión del caso por parte de Cornell.
Cornell, por su parte, ha defendido las medidas adoptadas después de conocer la denuncia y ha expresado su respaldo a que el caso sea revisado por un gran jurado. La universidad también sostiene que adoptó sanciones contra estudiantes involucrados y medidas relacionadas con la fraternidad.
A septiembre de 2026, el caso permanece en etapa de investigación. Ninguno de los siete hombres señalados ha sido formalmente acusado penalmente y no existe una sentencia judicial que determine su responsabilidad. La Fiscalía del condado de Tompkins busca ahora que un gran jurado examine nuevamente las pruebas y establezca si corresponde presentar cargos. Mientras tanto, la demanda civil presentada por Jane Doe continúa su propio proceso contra los estudiantes señalados, la fraternidad y la Universidad de Cornell.
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