RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA PROYECTO DE LEY QUE CASTIGA CON HASTA SEIS AÑOS DE CÁRCEL LA APOLOGÍA DURANTE CRISIS POLÍTICAS
La iniciativa del diputado Aldo Bravo propone crear la figura de "apología al delito agravado" aplicable a periodistas, influencers y líderes de opinión; el penalista Roberto Pereira advierte que la norma amenaza con criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La bancada de Renovación Popular presentó un polémico proyecto de ley que propone endurecer las penas por apología del delito, estableciendo sanciones de entre cuatro y seis años de prisión para quienes promuevan o legitimen actos de violencia en el marco de crisis políticas o conflictos sociales. La iniciativa legislativa, de autoría del diputado Aldo Bravo Quispe, fue registrada formalmente en Lima el pasado lunes 17 de agosto de 2026. Este acontecimiento reviste una trascendental importancia institucional y democrática, ya que al incluir de manera expresa a periodistas, comunicadores, creadores de contenido digital e influencers con "capacidad de convocatoria", ha encendido las alarmas de diversos juristas y defensores de los derechos civiles ante el severo riesgo de que la norma sea instrumentalizada para criminalizar la libre expresión e intimidar el debate periodístico.
El proyecto, signado bajo el Proyecto de Ley N.° 00043-2026-2031-CD, propone modificar el artículo 46 del Código Penal e incorporar el artículo 316-B para tipificar penalmente la figura de "apología al delito agravado". Según el texto, se sancionará a quien, valiéndose de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros actos de difusión, "promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime" el uso de artefactos explosivos, incendiarios o sustancias peligrosas que afecten la vida o el patrimonio público y privado en momentos de tensión política. La proposición cuenta con el respaldo y la firma de 10 de los 15 diputados de la bancada de Renovación Popular, entre ellos Mady Yonz Núñez, Javier Cipriani Thorne, Paola Martínez Paitán, Roxana Rocha, Gustavo Segura, Christian Aranda, Jorge Zevallos, Leo Miguel De Paz y José Baella.
Para fundamentar su propuesta, el diputado Aldo Bravo difundió un video en sus redes sociales recopilando declaraciones de figuras públicas en escenarios de tensión en años anteriores. Entre estas, citó al ex primer ministro Aníbal Torres advirtiendo que "correrán ríos de sangre"; un análisis de la periodista Rosa María Palacios sobre el carácter técnico de una bomba molotov; y una declaración de la periodista Claudia Cisneros afirmando que "las calles arderán" ante un presunto fraude electoral. En declaraciones posteriores a RPP y Canal N, Bravo defendió el proyecto alegando que busca "frenar la muerte" e impedir que personas con influencia pública o masiva utilicen su convocatoria para instigar desmanes. No obstante, el parlamentario admitió de manera explícita que la norma alcanzará y se aplicará también a los periodistas que crucen la línea de la instigación o la apología.
La presentación de la iniciativa ha generado un enérgico rechazo por parte de especialistas en derecho constitucional y libertad de prensa. Para el abogado Roberto Pereira, la propuesta ensancha de manera peligrosa el margen de persecución penal de expresiones legítimas al usar conceptos ambiguos y subjetivos como "justificar" o "legitimar". Pereira cuestionó duramente la incorporación de términos indefinidos como "líder de opinión" o "persona con capacidad de convocatoria pública", advirtiendo que, de aprobarse, el proyecto funcionará como una "espada de Damocles" que penderá sobre los medios de comunicación y los ciudadanos.
Diversos analistas advierten que el peligro más agudo y silencioso de esta regulación es la autocensura. Un reportero o creador de contenido que cubra un conflicto violento podría abstenerse de analizar de manera independiente las causas de una manifestación o de entrevistar a un dirigente social para evitar ser denunciado penalmente por el gobierno de turno bajo el cargo de "alentar" o "promover" el desorden. En un contexto donde la prensa tiene la obligación democrática de informar, los expertos señalan que combatir la violencia no debe colisionar con la protección de las garantías fundamentales de la libre expresión de los ciudadanos.
En la actualidad, tras su presentación formal ante el Legislativo, el proyecto de ley de Renovación Popular ha quedado listo para iniciar su trámite parlamentario. El estado del proceso constitucional continuará en los próximos días con la derivación de la iniciativa a la comisión dictaminadora correspondiente de la Cámara de Diputados, donde será sometido a un riguroso debate técnico antes de que se decida su traslado al Pleno para su votación definitiva. Mientras tanto, la comunidad periodística y los defensores de los derechos fundamentales permanecen en alerta, exhortando a las fuerzas políticas a no respaldar una norma que limite el control y la fiscalización del poder en el Perú.
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