SENADO APRUEBA OTORGAR FACULTADES LEGISLATIVAS AL EJECUTIVO EN SEGURIDAD Y EL NIÑO
El Pleno del Senado aprobó delegar facultades al Gobierno por noventa días en veintisiete materias clave sobre seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, tras incorporar siete puntos no aprobados en la Cámara de Diputados.
La tarde del miércoles 21 de octubre de 2026, el Pleno del Senado aprobó en Lima la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario. La medida, impulsada por el Gobierno de Keiko Fujimori y sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, se adoptó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y senadores disidentes de Obras y Buen Gobierno. Este pronunciamiento reviste una trascendental importancia política e institucional al dotar al Ejecutivo de herramientas legales para dictar decretos legislativos en 27 materias clave orientadas a frenar la delincuencia organizada, el sicariato y la extorsión, así como acelerar las obras de infraestructura y la ayuda humanitaria ante la amenaza climática del fenómeno El Niño.
La tramitación de la delegación de facultades comenzó formalmente el 28 de agosto de 2026 con la presentación del requerimiento por parte del Poder Ejecutivo. Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen inicial que abarcaba un total de 20 materias. Al recibir la propuesta en la Cámara Alta, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores —presidida por el senador Carlos Mesía— aprobó con siete votos a favor el texto enviado por Diputados e inició el debate para incorporar siete puntos adicionales no considerados previamente. En el seno de la comisión votaron a favor los senadores Carlos Mesía, Roger Astucuri, Katherine Ampuero, Alejandro Aguinaga, Marta Chávez, Patricia Juárez y Lourdes Alcorta.
Tras un debate de más de dos horas y media en la sesión plenaria del 21 de octubre, el Pleno del Senado ratificó el texto sustitutorio final de 27 puntos. En materia de seguridad ciudadana, la norma autoriza al Ejecutivo a legislar sobre 12 aspectos específicos, entre los que destacan la modificación del marco normativo sobre migración, el fortalecimiento de la geolocalización y el bloqueo de celulares robados, la reforma del marco sobre armas de fuego, la modernización del sistema penitenciario y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Asimismo, se faculta la regulación de la libertad vigilada pospenitenciaria, los ajustes en la presunción de actuación racional para la legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la DINI.
En cuanto a la prevención, atención y respuesta frente al fenómeno El Niño, el permiso abarca 15 puntos específicos orientados a agilizar la acción estatal. Entre las disposiciones sobresale la autorización al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para la entrega directa de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia, la facilitación de créditos y seguros para el sector agrario, la simplificación administrativa para proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, un régimen registral especial para Vivienda de Interés Social (VIS) y la garantía del acceso universal al agua potable mediante tecnologías temporales.
El otorgamiento de este paquete normativo responde a la urgencia de combatir el incremento de la delincuencia organizada, el control territorial ejercido por bandas criminales y la necesidad de reforzar el perímetro externo de los establecimientos penitenciarios de mayor peligrosidad. Al mismo tiempo, la inminencia de eventos meteorológicos vinculados a las precipitaciones del fenómeno El Niño exige agilizar contrataciones y eliminar trabas burocráticas en obras prioritarias de puentes, carreteras y protección contra inundaciones. La ley aprobada precisa expresamente que los decretos legislativos dictados deberán respetar las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y las autonomías del Poder Legislativo, los gobiernos regionales, locales y organismos constitucionales autónomos.
En la actualidad, la ley de delegación de facultades entrará en vigor de forma inmediata tras su promulgación y publicación en la sección Normas Legales del diario oficial El Peruano. A partir de ese momento, el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 90 días calendario para expedir los decretos legislativos correspondientes sobre las 27 materias. En cuanto al seguimiento del proceso, la Presidencia del Consejo de Ministros y los sectores involucrados deberán acudir ante la Comisión de Constitución del Senado en un plazo de 60 días calendario para presentar un informe detallado sobre los avances en la implementación de las medidas.
Comentarios