SENADO EVALÚA MODIFICAR Y AMPLIAR LAS FACULTADES LEGISLATIVAS SOLICITADAS POR EL EJECUTIVO
La Comisión de Constitución del Senado debatirá el dictamen de facultades legislativas promovido por Carlos Mesía, mientras constitucionalistas como Luis Roel advierten sobre posibles conflictos de competencias y desnaturalización respecto a lo aprobado por Diputados.
Durante la segunda semana de octubre de 2026, la Comisión de Constitución del Senado de la República entró en sesión permanente en Lima para definir el dictamen sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El debate involucra directamente al presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), al presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, a parlamentarios de diversas bancadas y al constitucionalista Luis Roel. Esta revisión parlamentaria resulta de máxima trascendencia institucional al poner a prueba los límites constitucionales del nuevo sistema bicameral para modificar proyectos aprobados por la Cámara de Diputados en materias sensibles de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado.
La controversia legislativa se profundizó luego de que la Cámara de Diputados aprobara únicamente 20 de las 66 medidas solicitadas originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori, restringiendo la delegación a temas de seguridad y atención del fenómeno El Niño. Ante ello, el senador Carlos Mesía sostuvo que el artículo 102 de la Constitución y el artículo 142 del Reglamento del Senado facultan a la Cámara Alta a modificar e incorporar temas excluidos, tales como el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el traspaso del control penal a la Policía Nacional y la creación de un proceso sumario contra la delincuencia organizada.
En contraste, el excongresista y constitucionalista Luis Roel advirtió que alterar sustancialmente el texto de Diputados podría desnaturalizar la iniciativa y desencadenar una contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, Roel expresó preocupación por la propuesta de calificar a ciertas bandas criminales como "grupos hostiles", señalando el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en operaciones urbanas. Desde la oposición, senadoras como Ruth Luque criticaron la posible reincorporación de medidas desestimadas, mientras que integrantes de bancadas como Renovación Popular respaldaron ampliar el alcance para incluir beneficios tributarios a las pequeñas empresas.
El debate en torno a la delegación de facultades refleja las dinámicas de la reinstaurada bicameralidad en el Perú, donde se busca delimitar el grado de autonomía de la Cámara Alta respecto a las decisiones de la Cámara de Diputados. El trasfondo del pedido del Ejecutivo responde a la urgencia de contrarrestar el avance de la criminalidad organizada y las extorsiones a nivel nacional, abriendo discusiones paralelas sobre el control político posterior de los decretos legislativos y las reformas al sistema penitenciario.
En la actualidad, la Comisión de Constitución del Senado alista la votación final del dictamen para el jueves 15 de octubre de 2026, con miras a elevar el documento al Pleno de la Cámara Alta para su debate y votación definitiva el lunes 19 de octubre. El estado del proceso legislativo se mantiene en expectativa ante una votación que podría definirse por un estrecho margen entre las bancadas parlamentarias.
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