SENADOR FERNANDO ROSPIGLIOSI ACUMULA CUATRO MAGISTRADOS DENUNCIADOS ANTE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO
El parlamentario fujimorista interpuso una nueva denuncia disciplinaria contra el juez José Matos Centeno por presunto prevaricato al dictar prisión preventiva a militares del caso Colcabamba, mientras el Poder Judicial exige frenar el amedrentamiento político contra los magistrados.
El senador Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) interpuso una nueva denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez José Matos Centeno, sumando así cuatro magistrados denunciados ante dicho órgano de control desde que asumió sus funciones parlamentarias. La acusación técnica, presentada en Lima y difundida públicamente el domingo 16 de agosto de 2026, cuestiona la idoneidad del juez de Tayacaja-Pampas por dictar prisión preventiva contra ocho militares investigados por homicidio calificado en Huancavelica. Este caso cobra una enorme trascendencia política e institucional en el Perú, ya que reabre la controversia sobre los límites de la fiscalización parlamentaria y las garantías de independencia que requiere el sistema de administración de justicia frente a la intromisión del poder político.
El conflicto se inició a raíz de un operativo militar en la carretera Colcabamba-Ayacucho (región Huancavelica) el pasado 25 de abril, donde cinco civiles resultaron fallecidos y tres sobrevivieron tras ser interceptados por una patrulla. El 20 de junio, el juez José Matos Centeno, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja-Pampas, declaró fundado el requerimiento fiscal y dictó 12 meses de prisión preventiva contra los ocho militares investigados por homicidio calificado y tentativa de homicidio. No obstante, el 7 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó y dejó sin efecto esta medida cautelar privativa de la libertad, ordenando que otro magistrado evalúe el pedido del Ministerio Público.
Paralelamente, la ofensiva del senador Rospigliosi contra magistrados judiciales se intensificó el martes 11 de agosto, cuando denunció ante la JNJ a los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Rospigliosi los acusó de desacatar leyes vigentes como la Ley 32107 (sobre prescripción de delitos de lesa humanidad) y la Ley 32419 (que amnistía a policías y militares) al imponer una sentencia de 15 años a los policías que controlaron un motín senderista en el penal Castro Castro. Dos días después, el 13 de agosto, los presidentes de las cortes superiores de justicia del país emitieron un severo pronunciamiento exigiendo respeto absoluto al criterio jurisdiccional y exhortando a los actores políticos a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento.
Finalmente, el 16 de agosto, Rospigliosi formalizó su denuncia contra Matos Centeno ante la JNJ, calificándolo de "politizado y prevaricador". El legislador alega que la resolución del juez posee graves defectos de motivación e incorporó de forma irregular fundamentos que no formaron parte del debate oral. Cabe precisar que, según un reporte periodístico alterno difundido el 17 de agosto, Rospigliosi también ha dirigido denuncias contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, así como contra los jueces Jorge Chávez Tamariz, Richard Concepción Carhuancho y la jueza Ana Osorio, acumulando de igual modo un registro de cuatro magistrados de alta jerarquía denunciados ante el órgano de control bajo cargos de presunto sesgo funcional o falta de imparcialidad.
La actuación de Rospigliosi se encuadra en una serie de tensiones persistentes entre el Poder Legislativo y los operadores de la justicia peruana. La denuncia contra Matos Centeno y la destitución solicitada para los tres jueces de la Corte Superior Nacional por no aplicar leyes de amnistía o lesa humanidad han reabierto el debate sobre si los parlamentarios ejercen una legítima fiscalización o si pretenden instrumentalizar las entidades públicas para influir en las tesis fiscales y resoluciones judiciales de casos de alto perfil. Mientras el senador exige "soluciones radicales" y sanciones disciplinarias que incluyan la destitución de los magistrados, diversos sectores de la judicatura expresan una profunda preocupación por lo que consideran una campaña sistemática de presión política que mina la autonomía de los órganos constitucionales encargados de evaluar controles de acusación y prisiones preventivas.
En la actualidad, los ocho militares del caso Colcabamba enfrentan su proceso penal en libertad, a la espera de que un nuevo juez evalúe el requerimiento de prisión preventiva conforme a lo ordenado por la Sala de Junín. Por su parte, la Junta Nacional de Justicia tiene la responsabilidad técnica de calificar en los próximos días la admisibilidad de las denuncias interpuestas por Fernando Rospigliosi para determinar si abre indagación preliminar contra los magistrados cuestionados. El estado del proceso constitucional se mantendrá bajo el escrutinio de la opinión pública nacional en tanto se resuelva si las quejas del legislador fujimorista tienen fundamento jurídico o si prevalece el principio de independencia del Poder Judicial frente a los fueros políticos.
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