SOLICITAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA JHONSSON PULPO Y SU BANDA POR SECUESTRO Y HOMICIDIO

La Fiscalía de La Libertad solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", y sus cómplices por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo.

En la madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, la organización criminal Los Pulpos ejecutó el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato a balazos de sus cuatro acompañantes en Trujillo, La Libertad. El ataque, perpetrado por delincuentes disfrazados de falsos policías armados con fusiles de largo alcance, contó con un seguimiento tecnológico realizado mediante un dron y con la dirección remota de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", desde Bolivia. El caso reviste alta relevancia pública e institucional al evidenciar el grado de sofisticación de la banda en delitos de extorsión y sicariato, motivo por el cual la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra los procesados.

La planificación del crimen se inició días antes del ataque. El 26 de agosto de 2026, integrantes de la red delictiva alquilaron un inmueble en la urbanización Los Rosales, en el distrito de Moche, a través de la plataforma Airbnb por S/ 735. A dicha vivienda acudieron diversos vehículos logísticos, entre ellos un auto Nissan conducido por Ángel Bocanegra Linares, chofer de la organización, además de una camioneta Toyota Hilux blanca (placa BSJ-899) y un auto Kia plateado.

Para la ejecución del operativo, la banda utilizó un dron para rastrear en tiempo real la camioneta Ford blanca (placa CZ1-019) en la que se desplazaban Jenss Lara y sus acompañantes tras abandonar la discoteca Nosso. A las 2:43 a.m. del 30 de agosto, el dispositivo aéreo registró el recorrido del vehículo por la avenida Fátima y la avenida Húsares de Junín.

A las 2:46 a.m., en la intersección de la avenida Húsares de Junín y la calle Isabel de Bobadilla, cerca de la capilla Inmaculado Corazón de María, la camioneta de las víctimas fue interceptada por la Toyota Hilux blanca. Tres sujetos con uniformes policiales descendieron encañonando a los ocupantes. En el lugar acribillaron a Christopher García Álvarez (32), Luis Alberto Rojas Ramos (aprox. 35), Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez, procediendo de inmediato a secuestrar al empresario.

Posteriormente, los captores exigieron un rescate inicial de US$ 5 millones, acordando finalmente el pago de S/ 2 millones, los cuales se entregaron parte en efectivo y parte mediante transferencia bancaria. Durante las investigaciones, la Policía y la Fiscalía recabaron los videos del reglaje y del ataque hallados en el teléfono celular de Gabriel Mendocilla Gómez, coordinador de la banda, confirmando además que las grabaciones se enviaron a Jhonsson Cruz Torres a Bolivia. Ante estos elementos de convicción, la fiscal Andrea Lavado Pérez sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, falsificación de documentos, extorsión, secuestro y homicidio calificado.

El sangriento hecho pone de manifiesto el modus operandi habitual de Los Pulpos, basado en la simulación de operativos policiales con uniformes falsos para perpetrar secuestros y extorsiones a empresarios en el norte del país. La red operaba bajo el mando de Jhonsson Smith Cruz Torres, sobre quien ya pesa una condena a cadena perpetua por el asesinato de una empresaria dedicada al comercio de papa en Trujillo. A pesar de haber permanecido prófugo en Chile y Bolivia, durante la audiencia el imputado afirmó ante el juez desconocer si registraba antecedentes policiales o judiciales.

El proceso judicial se encuentra en una etapa crucial luego de la audiencia virtual conducida por el juez Eduardo Medina Carranza, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad. La magistratura dispuso suspender la audiencia para evaluar la solicitud fiscal de 36 meses de prisión preventiva o comparecencia restringida planteada contra los imputados. En tanto se emita la resolución correspondiente, los procesados continuarán bajo custodia judicial mientras prosiguen las investigaciones penales.