TRANSPORTISTAS DE LIMA Y CALLAO ANUNCIAN PARO TOTAL DE 24 HORAS PARA EL 25 DE AGOSTO ANTE CATASTRÓFICA OLA DE EXTORSIÓN Y SICARIATO
La Unión Gremial de Lima y Callao y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano acatarán la medida que afectará a más del 80% de las rutas regulares; condicionan suspender el "apagado de motores" si el Ejecutivo liderado por Keiko Fujimori los recibe para abordar la crisis de seguridad.
Los gremios de transporte público regular de Lima y Callao convocaron oficialmente a un paro total de 24 horas programado para el próximo martes 25 de agosto de 2026. La drástica medida de fuerza, promovida por la Unión Gremial de Lima y Callao junto a la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, afectará a más del 80% de las rutas regulares de la capital y el primer puerto. Los transportistas exigen una audiencia urgente con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con el fin de frenar la incontenible ola de violencia armada, extorsión y asesinatos de choferes y directivos que asfixia al sector. Este evento es de suma relevancia social y económica, pues amenaza con paralizar por completo el tránsito metropolitano y dejar a miles de usuarios sin movilidad urbana ante la alarmante falta de diálogo y de soluciones eficientes por parte del Gobierno.
La decisión de ir a la huelga se gestó de forma progresiva ante la ausencia de respuestas por parte del Despacho Presidencial. Desde meses anteriores, diversos representantes del sector enviaron propuestas técnicas al Poder Ejecutivo sin obtener respuesta alguna. Ante el prolongado silencio administrativo, dirigentes como Héctor Vargas (presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano) y Walter Carrera (presidente de Asotrani) advirtieron semanas atrás que radicalizarían sus medidas si el Gobierno continuaba ignorándolos. Finalmente, el martes 18 de agosto, la Unión Gremial oficializó la convocatoria mediante un pronunciamiento suscrito por destacados dirigentes como Ricardo Pareja (Cámara de Transporte Urbano) y Waldo Poma (ANITRA). El gremio enfatizó que la protesta consistirá en un pacífico "apagado de motores" y no en bloqueos de vías, buscando sensibilizar a las autoridades sin generar caos vial directo. No obstante, la paralización aún evidencia discrepancias internas: el presidente del Consorcio de Empresas de Transporte (Conet Perú), Julio Raurau, adelantó que su agrupación no acatará la medida debido a una supuesta falta de coordinación integral, sembrando cierta incertidumbre sobre el nivel final de acatamiento que registrará la jornada.
La crisis de inseguridad que motiva este paro se ha visto agudizada por brutales atentados perpetrados a lo largo de todo el mes de agosto contra los trabajadores del volante y los usuarios. El hecho más grave y que sirvió como detonante para los gremios ocurrió el 6 de agosto, cuando sicarios asesinaron en Los Olivos a Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la empresa de transportes "Corazón de Jesús de San Diego". Asimismo, el gremio denuncia que los ataques son sistemáticos; de hecho, la madrugada del mismo miércoles 19 de agosto, un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur con pasajeros a bordo fue atacado a balazos en plena avenida Canadá, en San Luis, sumándose a los buses baleados de la misma empresa y de Cruz del Norte el pasado 19 de julio en la Panamericana Norte. Frente a ello, los transportistas consideran insuficiente e ineficaz el "Plan Escudo" anunciado por el Gobierno —el cual incluye el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en las unidades—, tildándolo como "más de lo mismo" debido a la falta de un trabajo real de inteligencia y al persistente cobro de cupos de las mafias criminales.
En la actualidad, los gremios de transportistas mantienen firme la fecha de la movilización de cara al martes 25 de agosto. Sin embargo, la Unión Gremial ha dejado claro que la huelga quedará sin efecto de manera inmediata si el Poder Ejecutivo les concede la audiencia solicitada antes de la fecha pactada. Por su parte, la Fiscalía ha exhortado a las empresas convocantes a respetar el orden público y no obstaculizar el libre tránsito durante la protesta, mientras la ciudadanía limeña permanece a la expectativa de que una mesa de trabajo efectiva entre la presidenta Keiko Fujimori y los dirigentes de transporte ponga fin a las extorsiones y evite el colapso de la movilidad en la capital.
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